El Kit Digital nació en 2022 como uno de los proyectos estrella del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que se financiaba con fondos europeos Next Generation EU. Oficialmente, su meta era ayudar a pymes y autónomos españoles a digitalizar sus negocios mediante bonos que cubren soluciones de software, presencia online y, más recientemente, equipos físicos bajo la categoría Puesto de Trabajo Seguro.
Pero tres años después, el programa se está viendo envuelto en una polémica inesperada: la de usuarios que denuncian que los ordenadores entregados llegan "bloqueados, cifrados y con software intrusivo".
Algo en principio legítimo según la normativa, pero que ha sido percibido por muchos como una intromisión en la gestión del equipo.
Denuncias virales
A mediados de 2025, varios beneficiarios comenzaron a publicar en redes sociales que sus equipos del Kit Digital venían cifrados con BitLocker, sin acceso a las claves de recuperación y con un antivirus que no podía desinstalarse. Uno de los mensajes más difundidos fue el del usuario @wisepds, que escribía:
"Te cifran con BitLocker el SSD para que no puedas formatearlo, te instalan Bitdefender con clave para que no lo puedas quitar y tiene una app de seguimiento que manda telemetría".
Semanas después, otro beneficiario —@Offerrall— relataba su propia experiencia:
"El Kit Digital te regala un PC con un [anti]virus que no puedes quitar a no ser que formatees el PC… y si lo haces te envían un correo amenazando".
Otro usuario conocedor del asunto, @Willietac, comentaba que, sin embargo, a veces formatear es la única solución (gracias, precisamente, a Bitlocker):
"Ojo, y la clave Bitlocker no la guarda el agente digitalizador que administra el equipo. Si no la guardas tú y Windows te cambia un driver te quedas sin entrar y la solución que te dan es formatear todo y perder tus datos (caso real de cliente)".
¿Y qué dicen los documentos oficiales?
Tanto la Orden ETD/1498/2021, que regula las bases de las ayudas, como la Guía de Justificación de Red.es para esta categoría, establecen que las soluciones subvencionadas deben incluir "antimalware, antispyware, correo y navegación segura, antiphishing, firewall y monitorización de red", y que estas funcionalidades deben mantenerse activas durante todo el periodo de justificación.
Otros documentos indican que los verificadores pueden pedir al beneficiario capturas, informes o registros (logs) que acrediten que dichas funciones siguen operativas.
Así, las "disconformidades detectadas" pueden derivar en requerimientos de subsanación o incluso en pérdida parcial de la ayuda si no se corrigen.
Un problema que va más allá de BitLocker y Bitdefender
El objetivo de la Fase II parece razonable: asegurar que las ayudas se usan correctamente y que los equipos siguen protegidos. Sin embargo, la aplicación práctica está generando un efecto contraproducente: usuarios que sienten que no controlan su propio ordenador.
Además, lo que refleja la polémica es una carencia de comunicación transparente hacia los beneficiarios. Y es que ni Red.es ni muchos agentes digitalizadores explicaron con claridad:
- qué pueden o no modificar los usuarios,
- qué consecuencias tiene desactivar el software,
- o cómo recuperar sus claves de cifrado.
A esto nos referimos por precios inflados
A ello se suma la venta de equipos de baja gama a precios inflados —un problema denunciado incluso por asociaciones del sector—, lo que ha alimentado la percepción de opacidad y lucro fácil con fondos públicos.
