Falta de atención, horas eternas intentando justificar trabajos y arbitrariedad a la hora de validarlos -que es el requisito indispensable para cobrar- son algunos de los motivos por el que el Kit Digital, la apuesta estrella del Gobierno para modernizar las pymes, se ha convertido en un "infierno" para muchos agentes digitalizadores, las empresas encargadas de prestar los servicios tecnológicos incluidos en la ayuda.

El programa concede hasta 12.000 euros a las pymes para que los canjeen por servicios digitales con estos proveedores, que son autorizados a participar previamente por Red.es, organismo público dependiente de la Secretaría de Estado de Digitalización y, en ultima instancia del Ministerio de Asuntos Económicos.

El procedimiento es, en apariencia, sencillo: la pyme recibe el bono, firma un acuerdo con el digitalizador y se implementa la solución elegida, correspondiente a campos como diseños de páginas webs y gestión de procesos.

Con la solución implementada, el digitalizador justifica su trabajo, la Administración lo valida si está correcto, y éste recibe con carácter general un primer pago del 70% a los 60 días y un 30% en un segundo, abonado al terminar los 12 meses de trabajo incluidos en el bono. Ésta es la teoría. En la práctica, la validación se está convirtiendo en un proceso tortuoso que dilata los cobros.

«Estamos pagando la fiesta», resume la situación una de las pymes digitalizadoras contactadas por EL MUNDO. El relato es uniforme: las justificaciones tardan meses en aprobarse o revisarse, hay disparidad de criterio entre comunidades y en la mayoría de casos es imposible llegar una atención personalizada.

Los testimonios también ponen el foco en la arbitrariedad del proceso. «Subes dos justificaciones iguales. Una la validan y la otra te dicen que no», se lamenta José Hidalgo, un agente digitalizador de Córdoba, frustrado por estas incongruencias y gestor de unos 180.000 euros en bonos, de los que ha cobrado 27.000.

La situación ha llevado a centenares de afectados a reunirse en una plataforma cuyo número de miembros se acerca a los 500 y que se organiza por Telegram. Uno de sus impulsores, Javier Martínez, explica que al principio el Kit le parecía una «buena oportunidad» e incluso llegó a contratar varias personas para su empresa de informática en Albacete.

Sin embargo, con el paso de los meses, las justificaciones y las subsanaciones se han ido apilando hasta el punto que, de los 100.000 euros en bonos que ha validado, ha cobrado apenas 14.700, lo que ha tensionado las cuentas de su compañía . «Estamos trabajando gratis», se lamentan Javier y otros digitalizadores, que temen por el futuro de sus negocios.

Otra de las denuncias apuntan a que las justificaciones pueden no cambiar de estado en meses, como señala Rebeca Jiménez, de Ayuda Digitalización, un negocio que conecta a clientes del bono y digitalizadores para gestionar el proceso de validación de los trabajos y descargar de trabajos administrativos a los autónomos.

Consultada por El MUNDO, Red.es se muestra consciente de las quejas, pero hace hincapié en los múltiples esfuerzos realizados para facilitar el trabajo a las pymes. La entidad ha creado guías para elaborar las justificaciones y una línea telefónica en exclusiva para los agentes digitalizadores. Además, el Ejecutivo modificó la Ley de Subvenciones para permitir múltiples aportaciones de información en las subsanaciones y evitar así que un autónomo pierda su dinero si no justifica correctamente a la primera.

De acuerdo a los datos de la entidad, se han recibido hasta la fecha 75.000 justificaciones de proyectos, de las que se ha revisado un 77%. Entre las analizadas (unas 58.000), el 64% están correctas y pagadas o en proceso de pago, mientras que más de un tercio se envió a subsanación.

Sin embargo, entre los afectados, se percibe que el control para evitar la corrupción está perjudicando a las empresas más pequeñas, en detrimento de grandes compañías, y consideran insuficientes las medidas tomadas.

También se muestran discrepancias con algunos de los criterios exigidos por Red.es para aprobar los trabajos presentados. Así, Sheila Martínez, dueña de una empresa de marketing digital, denuncia que en los trabajos de posicionamiento web se incluyen requisitos desfasados como inscribir la empresa en un directorio.

Ahora bien, si están teniendo tantos problemas, ¿por qué no abandonan el programa? La respuesta es unánime: sus empresas están especializadas en pymes y ahora todas quieren acogerse al bono, al que tienen derecho, antes de pagar por los servicios, por lo que rechazarlo es igual a ser expulsado del mercado. «Esto es la tumba del autónomo», sentencia Javier Martínez.